Por Alfonso Miranda

La condición de transparencia se posee cuando una entidad es capaz de dar información con claridad, de manera accesible a los ciudadanos y sin maquillajes que generen incertidumbre. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), “Es uno de los elementos que fomenta la confianza, reduce los conflictos de interés y limita la posibilidad de que surjan nuevas desavenencias sociales”.

El sector pesquero no es ajeno a esta necesidad, ya que precisa una participación activa de todos los actores, y la transparencia en la gestión como mecanismo de rendición de cuentas. Tenemos esfuerzos recientes, como la Iniciativa de Transparencia Pesquera (FiTI, por sus siglas en inglés), que promueve la implementación de su estándar por parte de los gobiernos y define un mínimo de información que debe exhibirse públicamente, para poner en evidencia cómo se maneja el sector.

Involucra normativa pesquera, permisos de pesca, estado de los stocks, pesca de mayor escala, de menor escala y artesanal, post-captura y comercialización, cumplimiento de normativas pesqueras y laborales, subsidios, cooperación internacional y beneficiario final. Ecuador, Chile, México, Costa Rica y Panamá ya avanzaron en su compromiso para implementar este estándar; lo que les permite un reconocimiento internacional y del mercado global, lo que garantiza su continuidad. Perú va un paso atrás por un errado concepto de la Cancillería que lejos de facilitarnos ser partícipes de esta virtuosa tendencia, nos aleja y aisla. Estamos en la era de la transparencia. El país no puede quedar fuera porque podría poner en riesgo esta actividad que genera miles de puestos de trabajo, provee seguridad alimentaria y combate a la pobreza.

Fuente: Expreso