El sector pesquero y acuicultor nuevamente alza su voz para rechazar que organizaciones internacionales ambientales interfieran en el desarrollo de su actividad económica. Y denuncia al Ministerio de Ambiente (Miambiente) crear una estructura que legaliza las donaciones de las Ong’s y que justificaría su operación en zonas marino costeras.

Una normativa que – según los pescadores – le quita funciones a la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP).

Los pescadores y acuicultores se refieren al Decreto Ejecutivo 15 del 19 de diciembre de 2022, firmado por el ministro de Ambiente, Milciades Concepción y el presidente, Lautentino Cortizo, que crea el Centro de Coordinación para Monitoreo, Preservación y Protección del Ecosistema Marino Costero, que será conformado por funcionarios de Miambiente, ARAP, Ministerio de Seguridad (Minseg) y Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

La nueva normativa, en su artículo 8 establece que este centro interinstitucional podrá recibir donaciones y cooperación técnica no reembolsable para su funcionamiento. En el artículo 9, establece que el centro, a través de Miambiente, podrá convocar a otras entidades y organizaciones del sector público, privado, académico y sociedad civil cuando se requiera de sus conocimientos técnicos y aportes específicos.

Pero, según los pescadores y acuicultores, amparados en estos dos artículos, “quieren justificar las donaciones que le han dado los grupos ambientalistas…”, dijo Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de Pesca y Acuicultura de PanamáA Zúñiga le preocupa que detrás de las organizaciones ambientales estén grandes empresas con intereses desconocidos. Y, que con la nueva normativa se esté buscando beneficiar a organizaciones como Sea Shepherd, con la cual Miambiente firmó un contrato de monitoreo, vigilancia, control y fiscalización de áreas marinas protegidas.

Fuente: La Estrella